En el pasado lunes 15 de noviembre se celebró Pleno municipal, en el que el Grupo municipal socialista presentó una Moción para trasladar al Gobierno Central la posición de nuestro Ayuntamiento en el tema del desorbitado precio de la factura de la luz.

En dicha Moción (cuyo texto se acompaña más abajo) se expone toda la argumentación precisa para solicitar al Gobierno que realice todas las actuaciones legales necesarias para obligar al sector eléctrico a reducir el precio.

En la Moción también se expone que en el caso de que el sector eléctrico no atienda las recomendaciones y exigencias legales, se proceda a una mayor intervención estatal, e incluso a la nacionalización. Es decir, que el sector eléctrico pudiera quedar en manos del Estado.

Todo ello debe realizarse, en primer lugar, mediante las modificaciones legales correspondientes. Y si esas medidas siguen sin dar resultado por la resistencia de las empresas eléctricas, se podría llegar a la nacionalización.

No se puede consentir que el presidente de una gran empresa eléctrica amenace al gobierno de España, y en definitiva, a toda la población española con seguir incrementando los precios.

Lee a continuación el texto íntegro de la moción presentada:

El sistema de eléctrico español ha sido reiteradamente modificado y privatizado para dar cobijo a las demandas de las compañías del sector, en detrimento de un sistema tarifario socialmente justo y no sometido a los vaivenes del mercado.

Diferentes decisiones de sucesivos gobiernos han hecho del sistema tarifario español uno de los más socialmente injustos de la UE. Imposiciones vinculadas a normativas europeas y decisiones regulatorias propias han colocado a muchas personas consumidoras al borde de la pobreza energética o directamente en la exclusión directa del suministro. Una situación que se está agravando en estas últimas semanas ante el encarecimiento del precio de la energía en el mercado mayorista de electricidad.

La nueva estructura tarifaria, que ha sido foco de numerosos debates, tenía que haber entrado en vigor el pasado mes de noviembre de 2020. Sin embargo, se pospuso al 1 de abril de 2021 y finalmente fue implantada el pasado 1 de junio de este año. Este cambio tarifario también tiene una repercusión importante en las tarifas de PYMES e industrias en las que los costes energéticos son un elemento importante (y en ocasiones esencial) para su actividad y procesos productivos, lo cual cobra especial relevancia en un contexto de crisis económica con sectores seriamente dañados por la pandemia sanitaria, y que pueden tener efectos negativos en el proceso de recuperación económica que requiere el país.

Si bien en la factura eléctrica anterior el precio de la energía representaba alrededor de un tercio del total, (siendo los peajes de acceso y los impuestos los dos tercios restantes) en la actual tarifa es rigurosamente cierto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaboró una metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución a principios de 2020, previendo su entrada en vigor a finales de ese año, siendo necesario que su aplicación se produjese de forma coincidente con los nuevos cargos del sistema. Pero ante la falta de aprobación del Real Decreto de cargos del sistema eléctrico y la Orden Ministerial con los precios correspondientes, llegamos a la fecha del 1 de junio de 2021.

Los peajes de acceso han sido la principal (aunque no única) fuente de ingresos del sistema eléctrico, a través de la cual se cubren los costes reconocidos del sistema, entre los que se encuentran las redes de transporte y distribución, las primas de las renovables «históricas», el déficit de tarifa de años anteriores, la cuota de la CNMC, la aportación al Operador del Sistema, la mitad del sobrecoste de la generación en los sistemas extra peninsulares de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, ….etc.

Todos estos costes reconocidos del sistema se prevén cada año por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y en base a ello establecía la Orden de Peajes que se aprobaba a finales del año anterior, fijando la cuantía de estos peajes con el fin de que cubriesen los costes del sistema y de este modo el sistema eléctrico no incurriera en desequilibrios que conllevasen un nuevo déficit de tarifa.

La Comisión Europea desde hace años llevaba avisando a España de que su estructura tarifaria no era equiparable a la del resto de Estados Miembros, solicitando de forma recurrente su adaptación para dar cumplimiento a las Directivas de turno y para hacer de forma más homogénea las comparaciones que realiza Eurostat a nivel estadístico.

Unos años atrás, el Gobierno del PP durante la presidencia del Sr. Rajoy, para solventar los problemas con Bruselas, introdujo la vigente estructura tarifaria en la Ley del Sector Eléctrico, aunque no realizó ni tan siquiera el amago de elaborar la normativa de desarrollo que hiciese efectivo ese cambio. Es más, estaba inmerso en otro conflicto con Bruselas a cuenta de quien era el responsable de definir esa nueva estructura tarifaria, ya que el PP quería asumir desde el Ministerio de Energía la competencia exclusiva, mientras que la Comisión Europea expresó que el resto de Estados Miembros lo tenían repartido entre el Gobierno y el Organismo Regulador (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- en España).

Este contencioso no se soluciona hasta enero de 2019, ya con el PSOE en el Gobierno, en el que establece la delimitación entre las competencias de la CNMC y el Ministerio de acuerdo a los criterios indicados por la Comisión Europea en el anteriormente citado RD-Ley 1/2019.

En 2013-2014, el sistema eléctrico acumulaba un enorme déficit de tarifa y el Gobierno del PP realizó una serie de cambios en el sector para, en primer lugar, reducir los costes del sistema y, en segundo lugar, aumentar los ingresos del mismo.

Pasando por alto el tema de cómo redujo el PP los costes del sistema, lo que sí es importante destacar ahora es cómo se aumentaron los ingresos. Aparte de con nuevos impuestos (que el PP propone ahora eliminar), se llevó a cabo un ajuste en los peajes de acceso, que consistió en:

a.- subirlos, y

b.- alterando la proporción fijo/variable que existía hasta entonces, dándole más peso a la parte fija frente a la variable (ocasionando un efecto perverso para el ahorro y la eficiencia energética, ya que, aunque una persona o una pyme consumiera poco, seguía pagando mucho en la factura).

Para terminar de entenderlo, los peajes de acceso tenían una parte variable que estaba asociada al consumo energético y otra parte fija vinculada a la potencia contratada. Antes del período 2013-2014 el peso del peaje de acceso en la parte variable era mayor, por lo que, si consumías más, pagabas más y si consumías menos (o mejor dicho, de forma más eficiente) pagabas menos. De esta forma, el sistema se planteaba de una forma más justa, y la parte fija de los peajes era menor. Sin embargo, el PP cambió esta proporción y para asegurarse unos mayores ingresos (con los que combatir el déficit de tarifa) dio más peso a la parte fija.

Efectivamente, el actual cambio de estructura tarifaria da más peso a la componente variable, pero NO ES «incrementa) en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes».

Para mantener una situación similar a la actual o en la que se pueda disfrutar de un mínimo ahorro económico, las personas o pymes consumidoras tienen que realizar:

a.- Una comprensión de la nueva estructura tarifaria, lo cual se antoja en el corto plazo inviable, toda vez que está comprobado que ni siquiera la anterior estructura tarifaria era comprensible para la inmensa mayoría de las personas consumidoras, y mucho menos aun para los colectivos vulnerables. Y ahora se complejiza con nuevos periodos horarios.

b.- Un cambio notable y sustancial en sus hábitos de consumo diarios, trasladando los consumos principales de su vida cotidiana, como puede ser cocinar, poner la lavadora, el lavavajillas, el horno o la plancha en horas llana o valle, lo cual también se antoja complicado a priori, o al menos en el corto-medio plazo.

Por no hablar de las situaciones complejas que pueden producirse de la nueva situación de teletrabajo en la que se encuentra una parte de la clase trabajadora, personas en paro que se encuentran en su domicilio durante las horas punta, pensionistas y jubilados u otros colectivos.

No resolviéndose estas dos premisas, se corre el riesgo evidente de un incremento de factura de muchas personas consumidores domésticas, a lo que se suma que llevamos varias semanas con precios en el mercado mayorista muy elevados, con precios del gas en los mercados internacionales también muy elevados, con el precio del CO2 disparado, etc. que están provocando una «tormenta perfecta» para ahondar más en las dificultades que sufren la población en beneficio de las empresas eléctricas.

Por otro lado, es necesario que, por parte del Gobierno de España, bien instando a las instituciones europeas o bien desde el ámbito nacional, se tomen determinadas medidas contundentes para evitar el atropello que supone que el sector eléctrico se beneficie de forma grosera en perjuicio del interés general de la población. Para ello se deben establecer medidas que reduzcan los beneficios astronómicos que están experimentando las empresas del sector eléctrico modificando el régimen regulatorio para que, a priori, no se produzcan estos beneficios.

En ese proceso de toma de decisiones, incluso se podría plantear como último recurso si no producen los efectos perseguidos para no castigar más a la población en general, una mayor intervención estatal en un sector esencial como es el sector eléctrico, o incluso la nacionalización. No se puede consentir que el presidente de una empresa eléctrica importante «amenace» al Gobierno de España con paralizar las centrales nucleares si éste persiste en «su intervencionismo terrorífico».

Por tanto, el Grupo municipal socialista de este Ayuntamiento propone al Pleno municipal la adopción de los siguiente

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España para que se modifique la factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa el término de potencia, que la parte variable de la facturación se calcule en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética» sustituyendo la actual estructura de tarifa eléctrica.

SEGUNDO.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que durante el proceso de sustitución del actual sistema tarifario por uno nuevo progresivo y no horario, solicite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la revisión con carácter de urgencia de la Circular 3/2020 por la que se establecen la metodología de peajes de transporte y distribución creando una diferenciación estacional entre los períodos de invierno-verano, típicamente más intensivos en electricidad por el uso de calefacción y aire acondicionado; y primavera-otoño que se corresponde con meses más templados y con menor demanda eléctrica doméstica. De igual modo se insta a la revisión de los tramos horarios de tal forma que se adelante el período valle nocturno de lunes a viernes de las 00.00h a las 22.00h.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que, en el caso que no fructifiquen las medidas planteadas en los puntos primero y segundo por las trabas y obstáculos que provoque el sector eléctrico, se inicie un proceso sancionador ejemplar, incluso iniciar el proceso de intervención o nacionalización del mismo por parte del Estado.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Olivares apoya que con la mayor celeridad posible se tramite en las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que tiene por objeto sacar de la factura eléctrica en el concepto de cargos, la retribución específica que reciben las tecnologías de generación de electricidad a través de tecnologías renovables, cogeneración y residuos, que será financiado por las comercializadoras de electricidad, gas natural así como los suministradores de productos petrolíferos, contribuyendo de este modo todos los sectores energéticos en la financiación de dichas tecnologías en favor de una factura eléctrica más competitiva sin cargos que no son propios del suministro eléctrico sino que responden a cuestiones de Política Energética, y que durante un periodo progresivo de 5 años reducirá la factura eléctrica una media de un 15%.

QUINTO. – El Ayuntamiento de Olivares apoya que mediante un Real Decreto-Ley se regule la minoración del precio del CO2 de la retribución del mercado mayorista que reciben determinadas tecnologías no emisoras, como son la energía nuclear y la hidroeléctrica, que a día de hoy se benefician de la internalización del elevado precio del CO2 de las tecnologías emisoras en el mercado marginalista de electricidad. Queda más que justificada la urgente necesidad de la medida en los elevados precios del mercado mayorista que están engordando más aún, si cabe, el beneficio inmerecido de estas tecnologías. Esta sobre retribución que reciben estas tecnologías asciende a unos 1.000 Millones de euros anuales, que una vez se apruebe dicha norma se detraerán de sus beneficios para destinarlos a la financiación de los cargos del sistema eléctrico, lo cual supondrá una reducción generalizada de la factura.

SEXTO.- Instar al Gobierno de España a que adopte las medidas necesarias para que el Sector Eléctrico sea intervenido por el Estado a través de las fórmulas que permita la ley, incluso la posibilidad de nacionalizarlo teniendo en cuenta el interés general del país.

SÉPTIMO.- Instar al Gobierno de España para que se revise el Bono Social eléctrico y se cree un bono general que incluya el bono gasista. El coste del bono social eléctrico será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía».

OCTAVO.- Instar a la Diputación Provincial de Sevilla a promover en los municipios el desarrollo de comunidades energéticas en el que el papel municipal sea motor para el conocimiento, formación y asesoramiento para la implicación de la ciudadanía y colectivos sociales, y que junto a todos ellos cree, coordine y financie en lo posible una red de comunidades locales de energía en el municipio donde se fomente el autoconsumo colectivo compartido.

NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Diputación Provincial de Sevilla.