El Sistema de Dependencia genera en nuestro pueblo 45 puestos de trabajo directos y de él se benefician más de 130 vecinos y vecinas.

La aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en 2006 supuso un importante avance para proteger los derechos de las personas dependientes para que pudieran desarrollar su vida en su entorno habitual.

Este Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizada y exigible como derecho subjetivo por las personas que cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente.

En Andalucía se apostó desde la aprobación de esta ley por esta prestación, siendo la Comunidad Autónoma con más beneficiarios y teniendo una importante relevancia en el mercado laboral con más de 43.000 puestos de trabajo directos. Especialmente, ha creado un gran número de puestos de trabajo, mayoritariamente de mujeres en el ámbito rural, consolidando la presencia en el territorio de empleo y atención de calidad.

Es imprescindible un nuevo plan de financiación justa que garantice una adecuada valoración del trabajo que realizan los  auxiliares de ayuda a domicilio, una labor imprescindible en la protección, atención y cuidado de las personas dependientes andaluzas.

Sin embargo, las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio, a menudo, se trasladan a los medios de comunicación debido a los incumplimientos del convenio colectivo estatal, el retraso en el pago de salarios, la falta de estabilidad laboral y, en algunos casos, la reducción del número de horas en sus contratos.

La financiación de este servicio se articula a través de convenios de colaboración suscritos entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos, en municipios con población superior a 20.000 habitantes, o través de las Diputaciones provinciales.

La congelación del precio hora de los ejercicios 2019 y 2020 está generando un grave problema para los Ayuntamientos, la mayoría de los cuales no pueden ni deben asumir la diferencia entre la financiación recibida por parte de la Junta de Andalucía, y el coste real del servicio, que debe garantizar la total cobertura de los costes salariales, además del beneficio industrial, entre otros.

El Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2019 ha permanecido ajeno a estos procesos sin haber dado respuesta a las demandas de la Administración Local y sin cumplir la obligación de la financiación del servicio de Ayuda a domicilio, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Orden de 15 de noviembre de 2007.

Tras meses de reivindicación, el Presidente de la Junta de Andalucía se comprometió a
asumir la subida del precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, estableciendo la actualización del precio/hora en 14,6 euros, pese a las iniciativas registradas por el Grupo Socialista, donde hemos solicitado insistentemente la necesidad de fijar el coste/hora en 16 euros a partir de 1 de enero de 2021, hasta alcanzar la cantidad de 18 euros/hora en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este servicio.

A toda la situación explicada anteriormente debemos sumar el incremento de costes provocados por la COVID-19, que ha dejado exclusivamente en manos de las propias empresas la provisión de EPIs, obligando a Ayuntamientos y Diputaciones a responder ante la falta de previsión del Gobierno Andaluz.

Es por ello que el PSOE de Olivares presenta esta moción, para instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a financiar  el 100% del coste real del servicio de ayuda a domicilio, y transferir a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales, la cuantía total y completa, fijando para ello el coste/hora en 16 euros a partir de 1 de enero de 2021, hasta alcanzar la cantidad de 18 euros/hora en el año 2023.